Mtra. Lucia Mercedes Rosas Coronado, Abril 2021
La división
sexual del trabajo establece una serie de roles y mandatos sociales, de corte
político y económico para hombres y mujeres. Como resultado de esto se otorga a
los hombres la responsabilidad de ser los proveedores económicos de su grupo
familiar, mientras que a las mujeres se les adjudica la responsabilidad sobre
el cuido.
Lo anterior ha
traído consigo que el mundo laboral se perciba como una división sexual del
trabajo, que se ve reflejado en los roles laborales que siguen tanto hombres
como mujeres vinculado a las ocupaciones que desempeñan, el valor económico y
simbólico que se otorga a sus trabajos.
Si bien estas
formas explícitas de discriminación han ido disminuyendo, otras persisten, como
es el caso de la desigualdad salarial. Ante esto la Organizacional
Internacional del Trabajo (OIT, 2019) reconoce que al estar depositado
socialmente sobre la figura masculina el mandato del proveedor económico, el
salario de las mujeres es considerado solo como un complemento de ese ingreso
principal.
Según la OIT
(2019) la tarea de conceptualizar la brecha salarial por razones de género
enfrenta retos que se agudizan cuando se trata de cuantificar el ingreso
económico mensual que obtiene una mujer respecto a un hombre, donde se
establece una diferencia entre ambos de aproximadamente de 30 puntos
porcentuales. Este tipo de indicadores hasta ahora han resultado útiles como
referencia para medir la diferencia salarial entre ambos sexos, sin embargo, no
incluye información relacionada a las personas que se autoemplean.
En América
Latina las personas que trabajan por su cuenta representaron en el 2016 el
23,6% del total de personas ocupadas (OIT, 2019). Según la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) del total de mujeres ocupadas 18,5% son
trabajadoras no asalariadas y un gran parte de ellas se encentran en la
informalidad (CEPAL 2019). Lo anterior trae consigo un costo personal para las
mujeres que se traduce en escasez de capital, falta de acceso a créditos y obstáculos
para mejorar su productividad, así como el de alcanzar la formalización de su
quehacer.
Frente a lo
anterior podemos decir, que la legislación relativa a la igualdad salarial en
América Latina es abundante, sin embargo, dista de ser lo único necesario para
migrar a una homogeneidad económica. Tras
el Convenio núm. 100 realizado en Ginebra Suiza por el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en el año 1951, en el
que se expusieron los principios vinculados a la igualdad de remuneración entre
la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor, los países
en la región, principalmente México quien fue el primero en ratificar tal
convenio, empezaron a brindar mayor relevancia al tema de la igualdad en la
remuneración económica sin importar el sexo.
Lo anterior
aunado a la desvalorización económica del trabajo de las mujeres vinculado a
ideologías como que las tareas que desempeñan las mujeres son menos productivas
(generan menos riqueza); que las mujeres trabajan menos horas; que entran y
salen del mercado laboral y esto les impide acumular un plus salarial que les
permita escalar en la jerarquía de las empresas, han impedido la regularización
salarial.
Otra dimensión que cobra gran relevancia para analizar la brecha salarial por razones de género es la segregación vertical y horizontal del mercado de trabajo. La segregación vertical, también conocida como techo de cristal, hace referencia al tope que enfrentan las mujeres para acceder a los estadios superiores de la estructura jerárquica en el centro de trabajo, lo cual las concentra en los puestos técnicos, no estratégicos y de menor responsabilidad, por lo tanto, de menor remuneración (OIT, 2019). La segregación horizontal por su parte concentra la participación de las mujeres en ciertas ocupaciones y la participación de los hombres en otras. Así, las mujeres están en las labores relacionadas con los cuidados y la reproducción de la vida, es decir, en labores social y económicamente desvalorizadas (OIT, 2019).
Según la
revista Forbes (2019) las empresas que cuentan hoy en día con mujeres
ejerciendo funciones de liderazgo dentro de distintos rubros de la industria,
registran un desempeño y rendimiento superior en todos los aspectos de la
eficacia organizacional de las empresas.
Abordar el rol
de la mujer en cargos de alta jerarquía dentro de las empresas implica prestar
atención hacia las organizaciones, la familia, la cultura y la sociedad como un
todo y su percepción del rol de la mujer, ya que este hecho afecta directamente
la forma de hacer y organizar dentro de una sociedad, al revisar las funciones
de una pieza fundamental en ella, cuyo proceso se encuentra hoy en plena
evolución.
Las mujeres que
quieran enfrentar este desafío requieren eliminar esquemas tradicionales de funcionamiento
social, tanto en el ámbito familiar como en su entorno laboral, lo cual
significa la reconfiguración de estos escenarios, dando lugar a paradigmas
modernos de conciliación, que buscan que tanto hombre, como mujeres puedan
articular las actividades en beneficio de su desarrollo personal.
Según la
Organización de las Naciones Unidas, si las mujeres obtuvieran las mismas
oportunidades que los hombres en el mercado laboral incluidos los mismos
cargos, horas de trabajo y tasa de participación se lograría aumentar el PIB
global en 28 billones de dólares para el año 2025. De ahí la postura que han
tomado varias organizaciones de incorporar en su plantilla directiva
estrategias enfocadas hacia la equidad de género asegurándose de contar con
mujeres que provean de una dirección más humana, cercana, comprometida y
productiva (ONU, 2015).
En la lucha de
disminución de la brecha salarial, resulta imperante que los países continúen
impulsado iniciativas en la creación de legislaciones modernas, que logren por
fin llevar la igualdad salarial a una vinculación directa al puesto y labores
que realizan tanto hombres como mujeres. Dejando de lado la construcción social
del género, enfocándose en las capacidades y competencias de cada uno para la
realización de cierta actividad la cual deberá de traer consigo una remuneración
económica proporcional al trabajo que se realiza.
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